Luego de controversias y diferentes voces opositoras, las armas que proporcionan descargas eléctricas fueron aprobadas por el Gobierno nacional y podrán ser equipadas por oficiales de la Policía Federal.
El objetivo principal es brindar una “herramienta táctica” extra a las fuerzas de seguridad y para ello, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteo 3 incisos: “Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; para impedir la comisión de un delito de acción pública.
En ese sentido, la referente de Cambiemos argumentó en el documento: "Permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes".
Las armas en cuestión tienen un costo promedio de 3000 dólares y su disparo provoca una descarga eléctrica de miles de voltios, que como resultado paraliza las extremidades y los músculos del cuerpo. En un principio serían utilizadas en "aeropuertos y estaciones de trenes".
Cabe recordar que en 2016 se resolvió permitió su uso ante los cuestionamientos que la posicionaron como posible elemento de tortura por parte de las fuerzas de seguridad. La Corte Suprema de Justicia descartó dicho argumento.